En la última novela de Javier Marías, “Berta
Isla”, un curtido espía inglés le dice a su catecúmeno español que lo que han
hecho los españoles tradicionalmente es “otorgar
el mando a absolutos incapaces, una inveterada costumbre que aún persiste: ese
dictador vuestro (Franco) es un
inepto, solo que lo disimula con fiereza, como todos”; para añadir que sin su
ayuda (la inglesa) en la Guerra peninsular de Independencia contra Napoleón,
seguiríamos invadidos.
Pero
un siglo antes ya lo había dicho Bismarck:
"Estoy firmemente convencido de que España es el país más fuerte del mundo. Lleva siglos queriendo
destruirse a sí misma y todavía no lo ha conseguido".
Veamos: Los dos
hombres políticamente más poderosos de España son el Jefe del Estado y, en segundo lugar, el Presidente del Gobierno.
Empecemos por el
primero:
La Constitución (Art.
56.1) dicta: “El Rey es el Jefe del
Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones…”
(Negritas mías).
¿Qué arbitra o modera esta Majestad?
Veamos antes de nada cuáles son esas Instituciones:
Presidencia del
Gobierno. La institución ejecutiva por excelencia, que para
muchos es la cobertura de una banda de delincuentes, algunos en prisión y otros
a punto de entrar en ellas; con un Presidente bajo sospecha de recibir ingresos
irregulares y presumiblemente ilegales que se aferra a su poltrona para evitar
males mayores y se niega a dar explicaciones claras de su gestión y de sus
ingresos.
Pero de su actual presidente hablaremos en otro apartado.
Tribunal Constitucional. Una institución que a pesar de las legitimidades e
incompatibilidades que dicta la Constitución está ahormada a medida de los deseos del
presidente Rajoy y de su partido, y por la que pululan, o lo han hecho,
taurófilos, beodos, antiabortistas, catalanófobos…, con un presidente que lejos
de la obligada imparcialidad ha sido miembro de cuota del partido del Gobierno,
con funciones directivas dentro de él, y cuyo
nombramiento corresponde al Rey,
bien que a petición de parte.
Hace apenas dos años el Partido Popular presentó por sorpresa una propuesta de
reforma para que el Tribunal Constitucional tuviera nuevas atribuciones y pudiera
sancionar a quienes incumplieran sus sentencias. La medida fue presentada en el
Congreso por el candidato Xavier García Albiol , un conocido extremista
anticatalanista del PP, con el fin último de
coaccionar
y perseguir cuasi penalmente a los dirigentes independentistas.
Las
tremendas multas recuerdan las que cualquier tipo de policía en los tiempos de
Franco imponía a los ciudadanos por el mero hecho de hablar en euskera o
catalán con sus hijos en la calle. Para muchos ¡Puro afán confiscatorio!
Tribunal de Cuentas. Una institución que, según el Artículo
136.1, ”el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica
del Estado, así como del sector público”.(Negritas del blogger.)
¿Qué ha denunciado
este tribunal en el gran robo público de los últimos años? ¡Nada de nada! La Gürtel
la denunció un hombre honrado, horrorizado por lo que hacían sus compañeros de
partido. Otras denuncias han venido de leaks
externos, o porque el dinero robado desbordaba aparatosamente las alforjas.
El Tribunal de Cuentas es un órgano que bien por inepcia, indolencia
o por agradecimiento a los partidos que proporcionan un empleo bicoca a sus
miembros (siete a propuesta del PP y cinco a propuesta del PSOE), ha estado
ausente de los grandes escándalos de la corrupción. Es decir, que por acción u
omisión parece haber actuado en connivencia con esa lacra.
La Asociación asturiana Cofpa reclamó hace pocos meses una
“explicación pública” de una clara muestra de enchufismo, el de un alto cargo
del PSOE de Gijón, y denunció que el Tribunal de Cuentas tiene «una acreditada trayectoria de prácticas de
nepotismo y de clientelismo laboral, destapadas por la prensa y condenadas por
los tribunales de forma reiterada», con «más de 100 empleados con lazos de
parentesco con los altos cargos del Tribunal y con representantes sindicales
del mismo”
Nombres sonoros, desde un hermano de J. M. Aznar
a la ex ministra Mariscal de Gante, hija
de un juez del siniestro TOP franquista. Y entre ese centenar de enchufados
figuran cuñados, primos, amantes,… algunos de ellos que sin haber acabado la
EGB ocupan puestos responsables de los sistemas informáticos.
El Ministerio Fiscal “ejerce
sus funciones por medio de órganos propios conformes a los principios de unidad
de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de
legalidad e imparcialidad” (Constitución Española. Art. 124.2)
El Fiscal General del Estado
será nombrado por el Rey, a
propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. (Art 124.4)
¡Qué decir de un Fiscal General que junto a ministro de Justicia, Rafael Catalá; al Fiscal
General del Estado, José
Manuel Maza; y al fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, fueron reprobados
por el Congreso de los Diputados por su presuntaparcialidad en las actuaciones de
la operación Lezo.
El fiscal Moix dimitió al frente de
la Fiscalía Anticorrupción el pasado 1 de junio tras desvelarse que camuflaba,
a través de esa sociedad panameña, la propiedad de un chalet en Collado
Villalba.
El actual Fiscal General del Estado archivó las denuncias contra el ex jefe
de Anticorrupción l Moix por vulneración del régimen de incompatibilidades al
entender que no incurrió en "conducta corrupta" por ser dueño, como
sucesor, del 25 % de un inmueble registrado a nombre de una sociedad offshore
en Panama, a pesar de que el artículo 57.7 del Estatuto de la Carrera Fiscal
señala como incompatible con cargos fiscales "el ejercicio de toda
actividad mercantil".
La Justicia
Es flor del día observar cómo el Gobierno manipula a los jueces a su
conveniencia, bien procurando “ascensos” a los que parecen mostrarse más
severos con sus desmanes de corrupción o, simplemente, desplazándolos a su
conveniencia.
Una judicatura conservadora, con muchos miembros del opus dei. que se transmiten generacionalmente a través de un
trasnochado y ridículo sistema de selección, en el que un tribunal juzga la
lectura de un tema previamente memorizado por unos opositores que se han
entrenado “cantando” los temas memorizados tras entrenarse con jueces jubilados
que además de ganarse unas pesetillas podrían muy bien “conocer” y quizá
recomendar la “pureza” ideológica de los aspirantes.
Sirva como botón de muestra de la legitimidad de esa institución, el
anterior Presidente del Tribunal Supremo, cargo que
también ha de prestar
juramento o promesa ante el Rey, y que se vio
forzado a dimitir cuando se hizo pública su afición a disfrutar de largos y
habituales periplos finisemanales con compañía y a cargo del erario público.
Dentro de la
crisis del Estado con Cataluña parece
haber surgido otro un juez estrella: Juan Antonio Ramírez Sunyer. Un juez polémico
que en 2015 abrió diligencias contra el entonces director general de los Mossos
d’Esquadra, Albert Batlle, por un presunto delito de omisión de
perseguir delitos, ya que consideraba que al final de la Copa del Rey del 30 de
mayo los silbidos al himno nacional podían considerarse injurias al Rey y
ultraje a los símbolos de España.
Todo quedó
en nada, al igual que otras causas abiertas por este magistrado, en algunas de
las cuales el Estado tuvo que indemnizar a algunos jóvenes ingresados en
prisión por orden de este juez de primera instancia.
Pero la
actuación más grave de este juez ocurre cuando se hace cargo de la operación
contra responsables de las 'consellerías' de Economía, Hacienda y
Exteriores por organizar el 1 de
octubre. El magistrado, actuando de
oficio sin que mediara una solicitud previa del ministerio público ordenó una decena de
entradas y registros y la detención de 12 personas, entre ellas
el número dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové.
Una
causa que algunos dicen debería haber conducido el TSJC.
Todo comenzó
el pasado mes de febrero, cuando Ramírez admitió una querella de VOX contra
Santi Vidal difundió en distintas charlas que tenía todos los datos fiscales de
los catalanes, obtenidos de manera ilegal. La querella fue ampliada al
presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, Carles Viver
Pi-Sunyer, y al secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó.
Es preciso
recordar que el partido ultraderechista VOX solo obtuvo en las últimas
elecciones generales el 0.2% (46.638) en todo el territorio nacional. Casi la
cuarta parte que el partido animalista PACMA.
La Corona
Al comienzo
de esta entrada se dijo que la función principal del Jefe del Estado, del Rey,
era la de “arbitrar y moderar el funcionamiento
regular de las instituciones”
¿Cumple esa función?
Pues, surgen
serias dudas cuando según lo expuesto más arriba, esas instituciones o bien
están profusamente corrompidas o dejan mucho que desear en cuanto a su
transparencia.
Quizá fuera
conveniente que la egregia figura del Monarca se sirviera de sus asesores para
preguntar por la catadura y antecedentes de los cargos a los que ha de nombrar
o aprobar, y en cualquier caso, si alguien le sale “rana”, inquirir al Gobierno
por qué le presentó para su nombramiento a algún ministro o alto funcionario que
resultó indeseable. Naturalmente todo podría
quedar reservado en esas altas esferas, pero inevitablemente, más temprano que tarde,
se filtraría a los medios para
Conocimiento
de los ciudadanos.
Hay un
suceso que se repite cada año y es la final de fútbol de la Copa del Rey, donde
antes se decía que la jugaban el Atleti de Bilbao y otro, mientras que ahora la
suele jugar el Barça y otro. En 2015, ambos
hubieron de jugar esa final. La circunstancia convirtió un suceso deportivo en
un conflicto político. Se eligió el feudo catalán y el Monarca no tuvo más
remedio que acudir para entregar “su” copa al vencedor. La pitada al Monarca
fue tan monumental que la escuchó todo el país, pese a los esfuerzos de los
técnicos de sonido de TVE. Ya hemos mencionada la pintoresca reacción del juez
Ramírez Sunyer.
Un hecho similar
al del fútbol, aunque más grave por tratarse de la manifestación ciudadana en
contra del terrorismo, sucedió el pasado 26 de agosto, cuando el Presidente del
Gobierno y el Jefe del Estado decidieron acudir a ella y recibieron el sonoro
rechazo de la miríada de participantes .
Esa
desafección mayoritaria de los ciudadanos de Cataluña y de Euskadi
hacia el
Jefe del Estado convierte de hecho al Monarca en el simple “Rey de Castilla”.
Difícil
situación la del papel real en Cataluña, donde la trayectoria tanto la Casa de
Austria, por los sucesos de 1640; como la Borbón en 1714, las hace parecer como
los villanos de la historia de Cataluña. Así pues, esto hace que el nombre “Borbón” en Cataluña suene como el
de “Cortés” en México. Un conflicto de difícil solución..
Quizá la
legitimación del Monarca pudiera haberse hecho antes. A su anterior y
desprestigiado antecesor lo ungió el dedo del déspota saltándose todas las
seculares normas dinásticas. Un referéndum quizá hubiera podido haber legitimado a ambos, pero a diferencia de lo
que pueda ocurrir en las democracias centroeuropeas, el referéndum en este Estado
es una palabra maldita, quizá porque quien pudiera promoverlo no esté muy seguro
de ganarlo o por porque pudiera descubrir otras preferencias para el Estado de
los ciudadanos.
En estos momentos, resulta
estruendoso el silencio del Jefe del Estado ante lo que parece la mayor crisis
territorial desde la independencia de Cuba en 1898.
Todo el quehacer del
Monarca en la gran crisis del Estado parece limitado a su aburrido discurso navideño y a otros
coyunturales, donde expone las sinsorgadas que aparentemente le entregan
escritas y refrendadas Rajoy o su
hacendosa ayudante. Nada propio.
Se echa de menos, por
ejemplo, que ante gran crisis de Estado, el Jefe de este, no convocara a los
líderes de todos los partidos con representación parlamentaria para que
expusieran sus Cahiers de doléances, como
lo hicieran en 1789 los “Estados Generales” ante el rey Luis XVI. No tendría
por qué opinar, pero sí escuchar y transmitir a la opinión pública las diferentes
propuestas territoriales.
La diferencia entre un
Jefe del Estado silente como el del Rey español y el equivalente en una
república federal como la alemana es que en esta última el Jefe del Estado
Federal, aunque teóricamente tenga pocas posibilidades de gestión política, los
diferentes presidentes a lo largo de la historia de la República Federal sí
aprovecharon su autoridad moral para marcar el clima político. Véase si no la
gestión de la última reunificación alemana.
Si la figura del
Monarca es simplemente decorativa, podría prescindirse de ella y ahorrar al
Estado los 7.82 millones de euros que soportó en este año 2017.
JGM
