Una de las miserias del periodismo político, esa
suerte de «histoire événementielle», es la posibilidad de que los acontecimientos
rueden más deprisa que la pluma.
Viene al caso lo sucedido a este blogger, cuando
próximo a completar una reflexión sobre el artículo de eldiario.es, cuyo
titular aparece más abajo, se encontró con la sentencia de Schleswig-Holstein,
que desbarataba los planes inquisitoriales del juez Llarena y compañía.
Pero bueno, ahí va lo escrito ayer, aunque ya sería
papel amarillento si hubiera sido impreso:
Llarena suspende a Puigdemont
y a los diputados presos (eldiario.es, 10/7/2018)
Personalmente
y desde el primer momento, la actuación del juez Llarena me pareció
inquisitorial, desproporcionada y más centrada en criterios políticos
partidistas que en normas jurídicas, sin olvidar la inhumanidad de retener a
los acusados lejos de su hogar, negándoles la libertad provisional por razones
espurias. Me malicio que el magistrado haya rebuscado resquicios jurídicos para
confirmar una decisión previamente tomada; algo similar a lo que hacen los
científicos mediocres cuando seleccionan únicamente las muestras que apoyan sus
teorías.
Imagino
el desconcierto de los jueces alemanes cuando hayan recibido la última remesa
de miles de folios (38Mb), escritos quizá con el solo empeño de marear la
perdiz. Sabido es que los jueces alemanes desconfiaron de las traducciones
previas (hubo omisiones) y exigieron traducciones juradas.
Todos
sabemos que defender una argumentación puede hacerse en medio folio con
economía y precisión; los CEO's de las grandes firmas así lo exigen a sus
consejeros.
Son
miles de folios para tratar de justificar una "violencia", de la que las
únicas pruebas materiales son los vídeos que muestran la actuación de los “a
por ellos” el 1-O; lo demás, a mi buen entender, es retórica legalista y exceso
de imaginación
.
En
este desdichado país, donde aún prevalece una jurisprudencia medieval, la
Justicia siempre ha estado al servicio de los otros poderes: al de los
Borbones, antes y después de su absolutismo; de los Gobiernos, sobre todo los
más conservadores; o de los poderes
económicos, pergeñando “doctrinas” que exoneren a los banqueros mangantes o a
los constructores chorizos. Recordemos, asimismo, los tejemanejes de aquel ministro Trillo, sí,
el “juntacadáveres” del Yak42, y al que el Consejo de Estado consideró
responsable de la tragedia.
Concedo,
naturalmente, que la mayoría de los jueces hace un trabajo digno, a veces con
medios precarios; pero sí me parece criticable el corporativismo que les hace
no denunciar los desmanes de otros colegas.
Recordemos
aquel grotesco episodio en el que nada menos que el Presidente del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, ya fallecido, gastó
durante tres años dinero público en sus “semanas caribeñas” (cuatro días de
asueto, de jueves a martes) con
francachelas en Puerto Banús con sus guardaespaldas.
Todos
los sabían e, incluso, parece que algunos compartían esa “semana laboral
reducida”, pero solo uno, el vocal José Manuel López Benítez, se atrevió a
denunciarlo.
Resultado;
La asociación Preeminencia del Derecho, del abogado José Luis Mazón, interpuso
ante el Supremo una denuncia contra Dívar al que acusó de estafa o apropiación
indebida, o malversación de caudales públicos, pero en el pleno extraordinario
de los vocales el grupo progresista (cuatro de once) reclamaron la dimisión de
Dívar. Los otros siete, por el contrario, pidieron la renuncia del ¡denunciante!
por algún defecto procedimental en su denuncia.
El
difunto Dívar se vio obligado a dimitir, pero no devolvió un duro de sus francachelas.
El fallo fue que no tenía por qué dar cuenta de sus gastos, aunque se tratara
de dinero público….
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13 Julio 2018
Sirva
como muestra del desconcierto que la sentencia del tribunal alemán ha causado
en el nacionalismo español la noticia que aparece en El País digital de esta
fecha:
Llarena se debate entre renunciar ya a la
entrega de Puigdemont o acudir al tribunal de la UE
En
primer lugar la noticiade ese digital aparece escondida entre otras y por detrás de la del
concierto de Pearl Jam en el festival Mad Cool.
Ya
no se trata de las decisiones de ese juez, sino que es el menguado prestigio
del Tribunal Supremo lo que está en juego. El artículo del País baraja todas
las posibles opciones de este Tribunal, a cual más disparatada, pero en
cualquier menos alocadas que lo que propugnan el “demócrata “ Estéban González
Pons y el “abogado” Pablo Casado. Este último, en un rapto de delirio marca “Plaza
de Oriente”, pide la salida de España del espacio Schengen. Se nota que el vertiginoso paso sobre los manuales
de su carrera le impiden considerar que eso significaría la vuelta a casa de
los españoles que tuvieron que ir a trabajar a Europa por culpa del desastre socio
económico que su partido mantuvo durante siete años.
La sentencia del tribunal alemán muestra claramente que no existió violencia por parte de los impulsores del referéndum y, en cuanto, a la malversación, lo tienen crudo el TS después de la declaración de la máxima autoridad económica, la del ministro de Hacienda, Montoro, que nego taxativamente que se hubiera gastado dinero público en el referéndum. Solo cuentan, pues, con los datos entregados por la Guardia Civil.
En suma, ni los jueces del Supremo, ni los políticos nacionalistas españoles tienen la menor idea de lo que ha sucedido en Cataluña desde el nefasto fallo del Tribunal Constitucional -otro que tal baila- en junio de 2010, cuatro años después de que el PP lo denunciara a ese Tribunal.
En julio de 2006, año en que se aprobó el Estatut, el porcentaje de independentistas era del 14.9%. Siete años despúes, en noviembre de 2013, ese porcentaje había ascendido hasta el 48.5%. Un ascenso meteórico que ni el mismo Felipe V hubiera suscitado, pero no creo que los catalanes se lño vayan a agradecer a M. Rajoy.
En mi opinión, estamos en un claro caso de cooptación, que el Diccionario de Política de Norberto Bobbio y Nicola Matteucci (Siglo XXI de México) define así:
"La
cooptación, desde su concepción politológica, tiene que ver con control y la
repartición de rentas menores, evitando la autonomía y el poder de otro
distinto al poder central omnipotente."
JGM
