lunes, 28 de octubre de 2013

España, ¡Una!; España ¿grande?


-Pero ¿sabe que quiere decir una nación- dice John Wise.
-Sí –dice Bloom-. Una nación es la misma gente
 viviendo en el mismo sitio.
-Vaya por Dios, entonces –dice Ned, riendo- si eso es
 una nación yo soy una nación porque llevo cinco años
 viviendo en el mismo sitio.

(James Joyce “Ulysses”).

Parece que en este territorio autónomo conocido como España, todos, gobernantes y regentes, se llenan la boca a cada momento con el término “nación”. Incluso, el otro dia, el sustituto real, al repartir los premios que llevan su nombre, engrandeció el ambiguo y conflictivo término: “España es una gran nación por la que vale la pena luchar”, dijo.

Los nacionalistas españoles amartillan el concepto de nación para España a base de negárselo a otras comunidades. Si se les preguntara qué entienden ellos por nación, muchos responderían que España es la nación por antonomasia,  “una unidad de destino en lo universal” o alguna otra de aquellas vaciedades falangistas.
Históricamente, la realidad del territorio y sus gentes no ha venido acompañada por la afirmación de sus monarcas o gobernantes como tal estado soberano. Recordemos que en el siglo XIX, los antepasados de este eterno príncipe regalaron gustosamente territorio y ciudadanía al emperador Bonaparte.

Pero aparcando esa digresión, lo que planteamos aquí es si en las circunstancias actuales se puede hablar de “grandeza” referida a lo que sea esa “marca España”, o si por el contrario, como dice el Gran Wyoming, estos gobernantes nos están convirtiendo en los subsaharianos del norte.

Basta con ojear a diario la prensa extranjera –también alguna local que no esté controlada por los spin doctors del Gobierno– para  saber que el presidente plasta-plasma no solo es el hazmerreír de Europa, sino que las carcajadas llegan incluso de los antípodas.
Un presidente que gobierna bajo la sospecha de haber recibido dinero espurio, inmoral o presumiblemente ilegal, y que rehuye al Parlamento y a la prensa. Que ante alguna pregunta que le llega tan directa que no puede evadirse responde con la simpleza “hoy llueve mucho”; o ante una insinuación de corrupción en su partido, responde como los rufianes de las series negras de Hollywood. “No hay pruebas”.

Otro asunto que ha causado recochineo universal es el submarino español “Isaac Peral”, que con un sobrepeso de ¡75 toneladas! Se sumergería para siempre jamás.
En una pregunta a la mesa del Congreso, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, se burlaba así del asunto:
 
 “Sí, el submarino S-80 está bien de color, pero no flota ¿Acabará en el fondo del mar, matarile, rile, rile?” o “¿Podría el Gobierno regalárselo al enemigo, para que así podamos ganarle la próxima guerra?”…
El artículo en el Washington PostDeberíamos demorar la botadura hasta el 2019, centenario del humorista Gila.”

El presidente Posada rechazó la pregunta, aduciendo que el Congreso no está para chistes.   

Nos salva, que ante este neofranquismo que nos han traído los descendientes directos de aquel ominoso régimen, del genuino, podemos aún recurrir a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. De hecho, los españoles somos los que más recurrimos buscando justicia, bien al Tribunal Europeo, bien al de Derechos Humanos.

El pasado marzo, el Tribunal de Justicia de la UE consideró abusiva e ilegal la Ley Hipotecaria española sobre prestamos hipotecarios y desahucios, dando poder a los jueces para frenar esos desahucios; atajando así la incompetencia, si no la complicidad, de los gobernantes ante la rapiña de los bancos.

También este año saltaba la denuncia de Bruselas por dumping de los astilleros españoles, obligando a devolver las subvenciones ilegales. Claro- decían algunos-. Ya se sabe, el comisario Almunia, socialista él…

Otro asunto, anunciado, el “céntimo sanitario”, aplicado por algunas comunidades a los carburantes. El tribunal europeo lo considera un impuesto ilegal.

Ante el olvido del gobierno del PP a los asesinados por los franquistas en las cunetas, una delegación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU llegó a Madrid para esclarecer si el Estado español cumple con su obligación de investigar los crímenes cometidos por la dictadura franquista y de reparar a las víctimas.

 

Pero el asunto más reciente es el revolcón que el Tribunal de Estrasburgo ha dado a la “doctrina Parot”, avalada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

La decisión de los jueces de Estrasburgo, prácticamente unánime (16 a 17), pone en la picota a los jueces, tanto del Supremo, como del Constitucional. Por menos de eso acusaron de prevaricación a Garzón, expulsándole de la carrera.

Grave fue que sesudos magistrados olvidaran uno de los principios supremos del Derecho: la irretroactividad de las penas, una norma jurídica fundamental; y más grave aún, que ante los votos discrepantes en el Supremo y en el Constitucional, que ya habían alertado sobre la dudosa y más que discutible legalidad del cambio de criterio de 2006, no hubieran aplicado otro principio básico del Derecho penal, el de in dubio pro reo.

Tras haber utilizado, Rajoy, tan pródigamente a las víctimas del terrorismo para desacreditar a Zapatero, ve ahora cómo esas asociaciones pro víctimas se niegan a perder peso político y se revuelven contra él y contra los tribunales europeos. Incluso un alcalde pepero, el de Almagro, ha retirado la bandera de la UE de su Ayuntamiento.
Otros piden salirnos del marco jurídico europeo.
Un  periodista alemán, sorprendido, le preguntó a Rajoy que cómo es posible que un partido de Gobierno europeo se manifieste contra el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. “Vamos a apoyar a las víctimas, no nos manifestamos contra ningún tribunal”, trató de justificar Rajoy, con su habitual ambigüedad.

También el catedratico de Ética, Fernando Savater, en un vulnerable artículo en El País (25/10713), considera la doctrina Parot “tan razonable como siempre” y deja los razonamientos jurídicos para  “los que entienden de eso”.

La manifestación del pasado domingo y sus invectivas a los tribunales europeos nos trajeron a la memoria la gran manifestación de adhesión a Franco en la plaza de Oriente, cuando la ONU condenó el régimen fascista del dictador.
No les hubiera resultado tan difícil a los miembros del Gobierno, casi todos licenciados en Derecho, recordar a los ciudadanos que (copio de algún sitio): 
 
Los tratados o convenios internacionales han sido considerados siempre por la doctrina del Derecho internacional consuetudinario o convencional y a la jurisprudencia nacional e internacional como superiores a las normas de Derecho interno, a las que se imponen. Es decir, a  todo el derecho promulgado y en vigor en un Estado determinado. Desde la Constitución hasta la última orden ministerial”. 

Julio G Mardomingo



miércoles, 23 de octubre de 2013

El Fascismo, fase superior de la Corrupción

2013-10-07


Un tipo tan ávido de dinero y poder como Mario Conde tardó en comprender la relación entre la política y el gran dinero. Cuando lo vio más claro, intentó por dos veces jugar la baza política. Primero, tratando de comprar el partido de Adolfo Suárez, Centro Democrático Social (CDS), por 300 millones de pesetas. El propio Conde afirmó ante el juez ese “donativo”, que naturalmente salía del pozo sin fondo en que había convertido Banesto. Suárez lo negó, pero lo  cierto es que el banquero se presentó a las elecciones generales de 2000 como cabeza de lista del CDS; bien que obteniendo únicamente el 0,1% de los votos.
Un año después, la Audiencia Nacional le condenó a catorce años de prisión por estafa y apropiación indebida.
En 2012 se presentó a las elecciones gallegas a través de Sociedad Civil y Democracia, un partido creado y financiado por él; tampoco consiguió representación.
Podemos imaginar cómo iba a utilizar la política este multidelincuente, que solo ha devuelto 1,2 millones de euros de lo que afanó en Banesto, quedándole por saldar 15 millones, a pesar de poseer medios de comunicación propios.
Pero lo que Conde solo entrevió, otros lo vieron más claro. En 1987, un oscuro funcionario accede a la presidencia de la Junta de Castilla y León.
Previamente, este personaje, militante de un partido falangista y crítico de la Constitución, había visto más provechoso alistarse en el partido creado por Fraga, el Partido Popular.
Su presunta estrategia para llegar a esa presidencia se basó en una campaña de infundios, injurias y calumnias contra el presidente socialista de la Junta de Castilla y León, a la que éste renunció al ser imputado. Posteriormente el presidente, Demetrio de la Madrid fue juzgado y absuelto de todo cargo, pero el daño ya estaba hecho. En 1989, Fraga, cansado de acumular derrotas, apercibe un winner y nombra a José María Aznar candidato a la presidencia del Gobierno, y en 1990 lo nombra presidente del PP.
 
Tras presentarse dos veces a la presidencia del Gobierno y sufrir sendas derrotas frente a Felipe González, decide cambiar de táctica y, presuntamente, busca apoyos financieros y mediáticos para conseguir la presidencia del Gobierno.
También buscó alianzas con otras fuerzas políticas, destacando la alianza contra natura con el  comunista Julio Anguita, un iluminado pretencioso que perseguía el viejo sueño de los comunistas: superar a los renegados socio-traidores, y que en las siguientes elecciones solo consiguió un escaño más de los que tenía. Los votos hurtados al PSOE  sirvieron en 1996 para aupar a Aznar a la presidencia, bien que por un margen muy estrecho frente a Felipe González.
Aznar ya había percibido que el principal obstáculo para su objetivo era el presidente González, que le superaba en carisma y popularidad tras trece años en la presidencia.
Una vez reconocido el enemigo, se planteó destrozar su imagen, y enseguida recordó la estrategia utilizada contra el presidente de la Madrid.
El objetivo era vilipendiar y desacreditar a González a través de una campaña de injurias y descalificaciones.
Naturalmente, necesitaba voceros que propagasen sus insidias, y medios, bien ya establecidos estos o de nueva creación.
Luis María Anson explicó posteriormente la genésis y estrategia del “sindicato del crimen”, una jauría mediática que en 1994 se reunió en la  Asociación de Escritores y Periodistas Independientes (AEPI) en una conjura para acabar con el felipismo, incluso a riesgo de poner en jaque al Estado.
Entre los veinte conjurados había tres directores de periódicos de ámbito nacional: Luis María Anson, José Luis Gutiérrez y Pedro J. Ramírez; este último, un amigo personal de Aznar, al que posteriormente avatares inesperados hurtaron su carrera política como ministro de “Propaganda”. Otros notables controladores de los medios eran: Federico Jiménez Losantos (COPE), Manuel Martín Ferrand (A3 radio) o Luis del Olmo (Onda Cero).
Todos ellos arrastraron a muchos periodistas de cierto renombre.  
El cónclave también incluía a escritores como Camilo José Cela, Francisco Umbral o Antonio Gala (el gran opositor a la OTAN).
El principal resistente a ese embate fue el grupo PRISA, entonces encabezado por Polanco, que estuvo a punto de pagar su desaire cuando un juez prevaricador y el fiscal (esposa del juez) iniciaron una persecución contra Polanco y José Luis Cebrián, director de El País. 
Consta por su trayectoria posterior que todos los conjurados fueron generosamente recompensados.
Una vez conseguido esa agitprop sólo restaba subvencionarla suficientemente; a ella y a la gran maquinaria electoral que se presumía necesaria.
Y es a partir de este punto cuando surge la pregunta que inunda las redes: ¿Es el PP un partido político o se trata de una asociación de malhechores que utiliza la política para enriquecer a sus dirigentes con el dinero público?
Es solo una “Una teoría conspirativa”, dicen los más interesados en que no circule por las redes,  pero como decía uno de los espías de John Le Carré, no hay nada tan peligroso como jugar con la realidad.
Hay un hecho fidedigno, innegable que apoya la segunda hipótesis: la imputación actual de tres tesoreros del PP: Ángel Sanchís, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; un cuarto fue Rosendo Naseiro, que se libró de la condena por ciertas argucias legales que llevaron a la prescripción del asunto. 
Es difícil creer que el presidente fundador, Fraga Iribarne, creara un partido político con fines  ilegales o inmorales, una empresa criminal  para su enriquecimiento personal; más conocido es el autoritario Fraga por su pasión por la política y, sobre todo, por “su política”.
Los argumentos que apoyan posteriormente la presunción de esa asociación de malhechores se van instalando con la presidencia de Aznar y su cooptado sucesor, Mariano Rajoy. La llegada masiva de dinero ilegal o alegal a la tesorería del PP: sumas procedentes de la banca de la patronal -  sobre todo, del sector de la construcción-. Grandes sumas, que según la contabilidad del tesorero Bárcenas, se repartieron en billetes de banco entre la cúpula del partido.
No tardaron mucho los magnates de las constructoras en recoger los frutos de su “inversión”.
En abril de 1997, Aznar da la vuelta a la vigente Ley del Suelo de los socialistas, según la cual solamente podía clasificarse como urbanizable el suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justificaran. La nueva ley urbanística dicta que, salvo que esté expresamente prohibido por una disposición jurídica, todo suelo es urbanizable.
La excusa fue que el elevado precio del suelo, unido a la discrecionalidad existente en la administración impedía garantizar el acceso a la vivienda, y abaratar el suelo.
Se trataba de un argumento tan falaz como perverso: la ley, junto con el crédito fácil, impulso la especulación tanto del suelo como de la vivienda, alcanzando estas últimas precios muy por encima de su valor real. La mantra fue “el precio de los pisos nunca baja”.
No se limitó ese boom constructor a las primeras o segundas viviendas, sino que tanto la Administración Central como las locales se lanzaron a una carrera frenética para levantar construcciones tan pretenciosas como inútiles, los llamados “elefantes blancos”, que languidecen hoy entre el polvo y el musgo. Una agravante, al parecer insalvable, es que el coste final llegue, incluso a duplicar, el presupuesto inicial; eso que el cinismo del ministro Gallardón justifica como “lo que la propia realidad ha marcado”. 
 
El dinero comenzó a llegar a las manos de los tesoreros imputados, bien a través de donaciones fraccionadas, que en un solo monto hubieran  quebrado las leyes de financiación de los partidos; bien a través de maletines repletos de billetes de quinientos euros. Los mismos que esos tesoreros repartían en sobres a los gerifaltes del PP.
Naturalmente. ese dinero revertía a sus donantes a través de jugosos contratos de la Administración, muchas veces fraccionados para evitar concursos públicos.
Pero no únicamente fue la construcción la beneficiaria de esa economía expansiva, sino que se tejió alrededor una red que incluía el reparto de “beneficios”  de cualquier congreso, acto, festejo, celebración, ágape;  incluso de fastos religiosos como la llegada del Papa a Valencia, que llenó los bolsillos de los mafiosos que giraban alrededor del Gobierno valenciano.
Aparte del gran negocio entre los constructores, ya estabilizado: “nos dais contratos y os devolvemos maletines”, aparecieron unos tipejos dispuestos a aprovechar también ese nicho de negocio, tipos de modesta extracción social, cuyos sobrenombres corresponden a sus actividades mafiosas: el bigotes, el albondiguilla, el curilla, el hijoputa, girando la mayoría alrededor del  padrino Gürtel.
La burbuja explotó estrepitosamente, y Rajoy recordó inmediatamente la estrategia de su antecesor, y auxiliado por sus hordas mediáticas –esta vez se les sumó El País, cuyo presidente se arrogó las prerrogativas del Presidente del Gobierno y pidió elecciones anticipadas- lanzó una brutal andanada, cuajada de calumnias, mentiras, demagogia y propuestas fantasiosas al electorado: no subir los impuestos, no bajar las pensiones, no al despido libre, respetar la sanidad y la enseñanza públicas; en fin, todo lo contrario a lo que inicio nada más conseguir el poder.
Our leaders are the finest men,
and we elect them again and again.
(Pete Seeger)
En noviembre de 2011, el electorado concede a Rajoy una mayoría absoluta abrumadora. Una especie de suicidio electoral colectivo que nos lleva a recordar las elecciones de otro noviembre, el de 1933, donde el centro derecha consiguió la mayoría y dio paso al Bienio Negro (1933-1936).
De nada sirvió que el PP estuviera inmerso en una plétora de presuntos delitos y corrupción generalizada: favores, malversación, clientelismo, enchufismo, compra de votos, tráfico de influencias, sobornos, cohechos,…  ilegalidades de todo tipo; el electorado por diversas razones, semejantes algunas a las de 1933: Abstención de la izquierda (esta vez de los socialistas, desilusionados tras la desnortada segunda legislatura de Zapatero), desencanto de muchos sectores populares, euforia de la derecha ante las encuestas, unida como una piña y, por supuesto, la campaña tendenciosa y malintencionada del PP, propugnando que echar a Zapatero era la solución a la crisis. Fantasía que muchos votantes creyeron llegaron a creer.
Alcanzado ese poder absoluto, el primer objetivo del PP fue tratar de asegurar el futuro a sus clientelas (como siempre lo primero para ellos es la “pasta”); ¿cómo? desmantelando el Estado de bienestar y privatizando los servicios públicos, de forma que tanto si perdían las siguientes elecciones o no, sus políticos se hubieran afianzado en las grandes poltronas de esos servicios privatizados: “la puerta giratoria”. Ya Aznar comenzó el desmantelamiento regalando las “joyas de la corona” a sus amiguetes de pupitre.
 
A continuación había que premiar a sus tres pilares: la banca, la patronal y la iglesia.
Rajoy aseguraba que los bancos salvados de la quiebra con fondos públicos devolverían hasta el último céntimo. ¡Falso! Ese dinero, a fondo perdido,  lo hemos sufragado todos los ciudadanos. 
El ministro Montoro decretó una amnistía fiscal como la que en 2010 hubo tachado Rajoy de ‘impresentable', 'injusta' y 'antisocial’.
La patronal fue inmediatamente favorecida con el despido cuasi libre y gratuito, la bajada de salarios; aspecto este último del que, con el más repugnante cinismo, se jactaba Rajoy hace pocos días ante el empresariado japonés. Se encontraron asíesos tiburones con un enorme ejército de reserva de trabajadores.
En cuanto a la iglesia, no tardó un segundo el repipi, zangolotino y fascista Gallardón en lanzarse contra le Ley de divorcio de Zapatero.
El petulante y ridículo Wert, el que no osa aparecer por una Universidad aunque lo maten, suprimió la Educación para la Ciudadanía para que los curas vuelvan a impartir su doctrina.
El ministro de Interior, Fernández Díaz, el de la conversión paulina en Las Vegas, toma literalmente el refrán de “A Dios rogando y con el mazo dando” alternando sus plegarias con el uso de la porra.
La Secretaria general del PP luce mantilla y peineta procesionales, mientras que la ministra Báñez fia la solución del paro a la virgen del Rocío.
Los curas, por supuesto, no han sufrido merma alguna en los estipendios que les regalamos todos los ciudadanos, creyentes o volterianos.
Además de asegurar su futuro económico y corresponder a los favores de esos tres puntales, su siguiente esfuerzo se dirige a asegurar todos los resortes del poder de un sistema democrático.
Ya han conseguido apoderarse del Tribunal Constitucional, algo que se les resistía. ¿Como lo han conseguido? Pues de una forma rastrera y profundamente antidemocrática, negándose a la renovación del expirado Tribunal hasta tener seguro que conseguirían la mayoría. Han introducido en él al fascista López, un tipo que no reunía los requisitos mínimos, pero que en la última votación deshizo el empate a su favor el “progresista” Sala (hoy por ti, mañana por mí, pensaría este pájaro). El otro elemento es Cobos, un emboscado, un embustero; un tipo que ha participado en todas las votaciones, sin descubrir su militancia en el PP. Un falsario que se ha hartado de hacer declaraciones radicales de nacionalismo español y de anticatalismo.
Otro ejemplo reciente ha sido el nombramiento de la sobrina de Guindos (uno de los chorizos de Lehman Bross) como presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y de la hija de Cañete con otro puestazo en la misma. Parece que la desconfianza en Bruselas sobre la independencia de esa Comisión ha hecho desistir a la primera.
No cierran el Parlamento porque eso significaría un cambio constitucional, pero de hecho está bloqueado por su mayoría absoluta,, y cuando algún diputado de la oposición se obstina en hacerles preguntas incómodas, lo amonestan y si insiste lo expulsan. El Presidente del Congreso, Jesús Posada – cuya esposa parece haber movido 180 millones de euros en dinero negro- actúa con total parcialidad, y cuando se siente criticado cede su puesto a Celia Villalobos, una arrabalera autoritaria que mejor que en esa presidencia debería estar voceando en el mercado de Plaka, en Atenas.
En suma, Rajoy solo acude a rastras al Parlamento, y las leyes se aprueban por ucase.
Los ilusos chicos del 15-M enseguida vieron que, con la fascista Cifuentes, se habían acabado los pic-nic’s en la Puerta del Sol.
No solo tratan de posicionarse lo mejor posible ante futuros cambios, sino que el lunático ministro Wert actúa como el los mejores tiempos del franquismo, propugnando una educación solo accesible a las élites, a los más acomodados, con la rebaja o desaparición de becas. De esa forma, las titulaciones para los futuros empleos recaerían sobre los privilegiados fueren cual fueren sus aptitudes.
La Ley de la Memoria Histórica pasó a mejor vida, y los alcaldes fascistas organizan a cada paso actos de exaltación y homenajes a los asesinos franquistas.
En fin es una dictadura de hecho, un fascismo chapucero, a la española; un revival del franquismo más rancio protagonizado por un gobierno próximo o inmerso en el Opus Dei, y amparado por la banca, la patronal y la iglesia.
Julio G Mardomingo