España, ¡Una!; España ¿grande?

-Pero ¿sabe que quiere decir una nación- dice John Wise.

-Sí –dice Bloom-. Una nación es la misma gente

 viviendo en el mismo sitio.

-Vaya por Dios, entonces –dice Ned, riendo- si eso es

 una nación yo soy una nación porque llevo cinco años

 viviendo en el mismo sitio.

(James Joyce “Ulysses”).

Parece que en este territorio autónomo conocido como España, todos, gobernantes y regentes, se llenan la boca a cada momento con el término “nación”. Incluso, el otro dia, el sustituto real, al repartir los premios que llevan su nombre, engrandeció el ambiguo y conflictivo término: “España es una gran nación por la que vale la pena luchar”, dijo.

Los nacionalistas españoles amartillan el concepto de nación para España a base de negárselo a otras comunidades. Si se les preguntara qué entienden ellos por nación, muchos responderían que España es la nación por antonomasia,  “una unidad de destino en lo universal” o alguna otra de aquellas vaciedades falangistas.

Históricamente, la realidad del territorio y sus gentes no ha venido acompañada por la afirmación de sus monarcas o gobernantes como tal estado soberano. Recordemos que en el siglo XIX, los antepasados de este eterno príncipe regalaron gustosamente territorio y ciudadanía al emperador Bonaparte.

Pero aparcando esa digresión, lo que planteamos aquí es si en las circunstancias actuales se puede hablar de “grandeza” referida a lo que sea esa “marca España”, o si por el contrario, como dice el Gran Wyoming, estos gobernantes nos están convirtiendo en los subsaharianos del norte.

Basta con ojear a diario la prensa extranjera –también alguna local que no esté controlada por los spin doctors del Gobierno– para  saber que el presidente plasta-plasma no solo es el hazmerreír de Europa, sino que las carcajadas llegan incluso de los antípodas.

Un presidente que gobierna bajo la sospecha de haber recibido dinero espurio, inmoral o presumiblemente ilegal, y que rehuye al Parlamento y a la prensa. Que ante alguna pregunta que le llega tan directa que no puede evadirse responde con la simpleza “hoy llueve mucho”; o ante una insinuación de corrupción en su partido, responde como los rufianes de las series negras de Hollywood. “No hay pruebas”.

Otro asunto que ha causado recochineo universal es el submarino español “Isaac Peral”, que con un sobrepeso de ¡75 toneladas! Se sumergería para siempre jamás.

En una pregunta a la mesa del Congreso, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, se burlaba así del asunto:

 

 “Sí, el submarino S-80 está bien de color, pero no flota ¿Acabará en el fondo del mar, matarile, rile, rile?” o “¿Podría el Gobierno regalárselo al enemigo, para que así podamos ganarle la próxima guerra?”…

Deberíamos demorar la botadura hasta el 2019, centenario del humorista Gila.”

El presidente Posada rechazó la pregunta, aduciendo que el Congreso no está para chistes.   

Nos salva, que ante este neofranquismo que nos han traído los descendientes directos de aquel ominoso régimen, del genuino, podemos aún recurrir a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. De hecho, los españoles somos los que más recurrimos buscando justicia, bien al Tribunal Europeo, bien al de Derechos Humanos.

El pasado marzo, el Tribunal de Justicia de la UE consideró abusiva e ilegal la Ley Hipotecaria española sobre prestamos hipotecarios y desahucios, dando poder a los jueces para frenar esos desahucios; atajando así la incompetencia, si no la complicidad, de los gobernantes ante la rapiña de los bancos.

También este año saltaba la denuncia de Bruselas por dumping de los astilleros españoles, obligando a devolver las subvenciones ilegales. Claro- decían algunos-. Ya se sabe, el comisario Almunia, socialista él…

Otro asunto, anunciado, el “céntimo sanitario”, aplicado por algunas comunidades a los carburantes. El tribunal europeo lo considera un impuesto ilegal.

Ante el olvido del gobierno del PP a los asesinados por los franquistas en las cunetas, una delegación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU llegó a Madrid para esclarecer si el Estado español cumple con su obligación de investigar los crímenes cometidos por la dictadura franquista y de reparar a las víctimas.

 

Pero el asunto más reciente es el revolcón que el Tribunal de Estrasburgo ha dado a la “doctrina Parot”, avalada por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

La decisión de los jueces de Estrasburgo, prácticamente unánime (16 a 17), pone en la picota a los jueces, tanto del Supremo, como del Constitucional. Por menos de eso acusaron de prevaricación a Garzón, expulsándole de la carrera.

Grave fue que sesudos magistrados olvidaran uno de los principios supremos del Derecho: la irretroactividad de las penas, una norma jurídica fundamental; y más grave aún, que ante los votos discrepantes en el Supremo y en el Constitucional, que ya habían alertado sobre la dudosa y más que discutible legalidad del cambio de criterio de 2006, no hubieran aplicado otro principio básico del Derecho penal, el de in dubio pro reo.

Tras haber utilizado, Rajoy, tan pródigamente a las víctimas del terrorismo para desacreditar a Zapatero, ve ahora cómo esas asociaciones pro víctimas se niegan a perder peso político y se revuelven contra él y contra los tribunales europeos. Incluso un alcalde pepero, el de Almagro, ha retirado la bandera de la UE de su Ayuntamiento.

Otros piden salirnos del marco jurídico europeo.

Un  periodista alemán, sorprendido, le preguntó a Rajoy que cómo es posible que un partido de Gobierno europeo se manifieste contra el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. “Vamos a apoyar a las víctimas, no nos manifestamos contra ningún tribunal”, trató de justificar Rajoy, con su habitual ambigüedad.

También el catedratico de Ética, Fernando Savater, en un vulnerable artículo en El País (25/10713), considera la doctrina Parot “tan razonable como siempre” y deja los razonamientos jurídicos para  “los que entienden de eso”.

La manifestación del pasado domingo y sus invectivas a los tribunales europeos nos trajeron a la memoria la gran manifestación de adhesión a Franco en la plaza de Oriente, cuando la ONU condenó el régimen fascista del dictador.

No les hubiera resultado tan difícil a los miembros del Gobierno, casi todos licenciados en Derecho, recordar a los ciudadanos que (copio de algún sitio): 

 

“Los tratados o convenios internacionales han sido considerados siempre por la doctrina del Derecho internacional consuetudinario o convencional y a la jurisprudencia nacional e internacional como superiores a las normas de Derecho interno, a las que se imponen. Es decir, a  todo el derecho promulgado y en vigor en un Estado determinado. Desde la Constitución hasta la última orden ministerial”. 

Julio G Mardomingo