domingo, 22 de diciembre de 2013

PP: Del Bunker a la Caverna de Alí Babá




 Los fascistas llegaron ya. En realidad no se marcharon nunca. En 1978, hicieron simplemente una retirada estratégica y, entretanto, alimentaron a sus hijos para que les sucedieran adecuadamente. Los prepararon bien porque, a diferencia de la mayoría de la población, tenían los medios suficientes: carreras a elegir, masters, idiomas en Suiza o en La Jolla, y después, ¡hala!, a heredar el puesto en el consejo de administración de su padre o de los amigos de éste. Si alguno quería un puesto en los cuerpos de élite de la Administración del Estado; bueno, podían opositar sin prisas; a algunos los reconocía enseguida algún miembro del tribunal: hoy por ti, mañana por mí. Y todos ellos, con una vía rápida a la política. Algo, que aparentemente está intentando el siniestro Wert con sus recortes educativos
Lo que no olvidaron esos cachorros fue el ideario doctrinario de sus progenitores. Ahí tenemos al meapilas repipi de Gallardón, del que su padre decía “¿fascista yo? Tú no conoces a mi hijo”. Un tipo que une la herencia fascista del padre con la de su cónyuge, hija de un ex ministro de Franco, reclamado ante un tribunal argentino por crímenes de lesa humanidad.
Este repelente sacristán, ya instalado en el poder, aunque quizá no tanto como ambicionaba - en esa fauna de jaquetones los hay con los dientes más afilados-, lo primero que ha hecho, como reconocimiento al inmenso apoyo que la jerarquía católica presta a su partido, ha sido aprestarse a colmar los deseos de los roucos, los cañizares, los hijos de Satanás… Barandas de esa casta sacerdotal, que sirviéndose de mitos trasmitidos desde la prehistoria del hombre, tratan de perpetuar sus privilegios a base de incienso y patrañas.
Una gente que aprovechando las vicisitudes que sufrimos los humanos, los avatares de nuestra existencia, culminados por ser el único animal consciente de su destino final, de la muerte; tratan de hacer de ello una forma privilegiada de vida, oficiando ritos y ceremonias trasnochadas, y enriqueciéndose con ello a costa de todos los ciudadanos, creyentes o descreídos.
Una gente que ante los avances de la ciencia y la mayor cultura ciudadana corre a poner parches a sus creencias, inventando cada vez mayores disparates, como el del “diseño inteligente”, cuando su inteligencia radica exclusivamente en rellenar su faltriquera con el dinero de los demás. 
 
La ley antiabortista que ha fabricado ese mónago-ministro  atenta directamente contra las libertades de la mitad de la población: las mujeres, y por ende contra sus padres, esposos, compañeros, etc; es decir, contra todo ciudadano. También los varones padres y abuelos tendrán que cargar de por vida con un desgraciado malformado e incapacitado para valerse por sí mismo. Y uno no deja de preguntarse para qué tanta idiotez, tanta hipocresía, tanto intento de control social sobre los más desfavorecidos: las chicas ricas abortarán, como siempre, en La Moraleja, si no deciden ir a Londres y aprovechar para comprar unos “trapillos” en Harrods o en Liberty’s; y las más desfavorecidas tendrán que cargar con el monstruo o recurrir al perejil, a la alcahueta, o a la aguja de calceta.
No sé como no se le habrá ocurrido a alguno de esos majaderos, que lo que deberían predicar es la inseminación artificial: poblacionismo sin sexo. El ideal para sus ridículas creencias
No es este ministro de Justicia y Gracia –qué gracia les va a hacer a los que echen un polvo descuidado-, el único en esa banda de chupacirios y presuntos saqueadores de lo público –algunos no ya tan presuntos: los un día todopoderosos de Baleares o Castellón ya tienen sentencias firmes, e irán al trullo salvo que la ”gracia” de ese ministro les libre con un indulto.
No, no es el único de esa banda de presuntos saqueadores y fascistas: tenemos al ministro de represiones ciudadanas, el autor de la "Ley Mordaza", el tipo que en una conversión paulina -él dice agustiniana-, se reencontró con su dios en una visita a Las Vegas;  que uno piensa si no sería un alucine ante la reverberación de las arenas del desierto. En fin, se trata del hipócrita individuo que afirma que lo de comprar un cañón de agua para aterrorizar a los manifestantes es “cosa de la policía”, o sea, que él no tiene nada que ver.

Exponíamos unas cuantas entradas atrás cómo un partido político poco apreciado por el electorado se podía convertir en una asociación que tomara el poder para enriquecerse a través de él. Aquella hipótesis parece confirmarse día a día. Las maquinaciones para  desvalijar el erario público en su provecho son página frontal de cualquier medio que no esté a su servicio, y no reciba, por tanto, parte del botín.

El último escándalo es la maquinación que el amigo de pupitre de Aznar perpetró en Caja Madrid, luego Bankia. El tal Blesa fue imputado recientemente por un juez, que nada más empezar a prestarle declaración lo metió en la cárcel: lugar del que sin tardanza lo sacó la fiscalía, un instrumento del Gobierno.
En el primer festín de ese emporio, el de Caja Madrid, dispusieron del dinero a su antojo, disputándose el control las huestes de Gallardón y la de la duquesa Aguirre. El resultado ha sido un agujero de 23.500 millones de dinero público en la recreada Bankia, una cifra que suponen más del 2% del PIB nacional.

El segundo festín ha sido el de las preferentes, que al final habremos de pagar todos los españoles, porque aunque en principio recayera  en los suscriptores, parece que los jueces se muestran cada vez más dispuestos a reconocer el dolo de esos productos basura, vendidos con malas mañas a muchos ciudadanos, a los que timaron sus modestos ahorros.
Y que decir del asunto de los cuadros de Rueda; el último episodio descubierto de ese gaspillage, según el cual el jovencito Aznar pretendió colocarle a la ruinosa caja una colección de cuadros por la módica suma de 54 millones de euros. Cuadros, algunos, de Gerardo Rueda y, otros, de pintores menos conocidos; con el añadido, aportado por Gallardón, de un museo ad hoc para albergarlos, que redondeaba los 120 millones.
Afortunamente medió el director de la fundación cultural de Caja Madrid, Rafael Spottorno, a quien le pareció que aquel saldillo no valía más allá de tres millones, diciéndole a Blesa que  "La desvergüenza y el despilfarro están llegando a unos límites que no resultan aceptables aun con anchas tragaderas".
El clan Aznar se quejo amargamente y Mercedes de la Merced, consejera de la caja y antes teniente de alcalde de Madrid con el PP, envió el siguiente mensaje. “Estoy en La Paz, Bolivia”, “Me dice el alcalde que Aznar está triste por la negativa de la caja a su proyecto, Alberto (supuestamente Gallardón) también está molesto. ¿No se puede retomar? ¿Quién lo vetó? ¿Puedo hacer algo yo?”.
Más sangrante es el mensaje del cachorro de los Aznar, quien acusa a Blesa de ningunear a su padre “que se había dejado los pelos por él.
En fin, pensamos que el valor de los cuadros se precisa cuando reciben el mazazo en  Sotheby’s o en Christies’s, mientras tanto prima el criterio de Rafael Spottorno, embajador de España, y que por su linaje y trayectoria, probablemente haya trotado desde niño en pasillos repletos de lienzos valiosos. Suponemos que la pericia de Aznar como connoisseur d'art, debe de ser similar a su papel como homme d’État.

La pregunta es: ¿cómo se iba hacer el reparto entre los tratantes?
Se trata de la misma pregunta que nos hacemos respecto al valioso botín recibido y evadido por Bárcenas. Porque, vamos a ver, los constructores son unos mafiosos, pero no son tan estúpidos como para soltarle al tesorero de un partido un maletín lleno de billetes de banco y no comentárlo días después, en una comida, con su jefe o al encargado de adjudicarle los contratos, ¿o no?
Así pues, el epítome de la cuestión es ¿con quién iba a repartir el tesorero el botín expatriado?

Julio García Mardomingo    






martes, 26 de noviembre de 2013

PP Impunidad a medida




 
Falta poco más de un año (2015) para que se celebre el décimotercer centenario (1215) del Principio de Legalidad Jurisdiccional, conocido como Carta Magna. Una declaración primordial, que el rey de la dinastía Plantagenet Juan I “sin tierra” tuviera que otorgar a los nobles ingleses.
En principio, esta cédula recogía entre sus 63 disposiciones aquellas que protegían los derechos de la aristocracia frente al soberano, comprometiéndose éste a no violar las libertades políticas, y dando, a la vez,  mayor seguridad a artesanos, comerciantes y campesinos, es decir, a todos los ciudadanos.

Se consideran las disposiciones de este documento de enorme importancia en el Derecho Constitucional, ya que suponían un principio de limitación del poder del Estado; y  de esta manera aseguraban la seguridad de los derechos ciudadanos, para que no se vieran violentados en el ejercicio del poder del estado.

Entre las cláusulas que otorgan el Derecho a la justicia destacan las siguientes:

(40) ”No venderemos, denegaremos ni retrasaremos a nadie su derecho ni la justicia”.

Cláusula que compendia las dos anteriores:

(38) ”En lo sucesivo ningún bailío (agente real) llevará a los tribunales a un hombre en virtud únicamente de acusaciones suyas, sin presentar al mismo tiempo a testigos directos dignos de crédito sobre la veracidad de aquellas.”

 (39) “Ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra él ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino”
Pues bien, doce siglos después, en este país, que hasta hace presumía de su pertenencia al primer mundo, una asociación “política”, que a decir de los jueces se viene financiando, prácticamente desde su refundación, de forma ilegal, aceptando sobornos que posteriormente compensa en la relación  “dádivas / concesiones de contratos”, intenta devolvernos a la inseguridad jurídica del siglo XII, a la anterior a esa Carta inglesa. 

No actúa sola esta banda,  sino que tiene dispone de una cada vez más alta clientela, compuesta por todo tipo de consejeros, asesores y pelotas iletrados, que participan de ese espolio al patrimonio común; sin olvidar la connivencia con la iglesia tridentina, que participa en el despojo con una insaciabilidad desaforada, comprando mezquitas y tapices reales a precio de saldillo.
Esta organización, que a tenor de los dictados de los jueces se asemeja cada vez más a una asociación de malhechores, intenta aprovechar su mayoría “absolutista” para dictar leyes anticonstitucionales que prohiban toda crítica a sus desmanes.       
En este proyecto de ley mordaza proponen sanciones que pueden llegar hasta 600.000 euros, dependiendo de una “gravedad” que determinan sus “bailíos”. Basta con que cualquiera de sus esbirros invente un bulo sobre cualquier ciudadano molesto por sus críticas para que, manu administrativa-policial, le puedan buscar a cualquiera  la ruina.
La clara intención de este desafuero, que los aduladores al Gobierno jalean en sus medios panfletarios, es privar a los ciudadanos del derecho a la Justicia. Tratan de eludir, así, la actuación de los jueces: la vista oral con juez, fiscal y presentación de pruebas: les bastará con lo que dicte un policía afecto a sus intereses. Es decir, van más allá en este proyecto fascista de los procedimientos franquistas, que al menos hacían el paripé de llevar a los acusados ante un tribunal, bien que de jueces comparsas, los del siniestro TOP.
Solo se podrá ir a los tribunales para recurrir las multas mediante un recurso contencioso administrativo, pero ya lo han tenido en cuenta, y el ministro Gallardón II, -el segundo de una dinastía facha- eliminó la gratuidad de esa Justicia, imponiendo unas tasas inasumibles para la mayoría de los ciudadanos.
Intentan disfrazar ese engendro fascistoide acompañándolo de otras medidas: contra la prostitución, la droga minorista, etc; o sea, lo que los catalanes llaman la torna

 Julio García Mardomingo
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