En este largo artículo del
constitucionalista Javier Pérez Royo -hasta hace poco articulista de" El
País"- destacaría el siguiente
párrafo:
"Porque, en primer lugar, la activación del artículo 155 CE es una medida que
divide mucho a la sociedad. Tanto que ha
sido necesaria la intervención del Rey, a fin de asegurar el concurso del PSOE
en la operación.” (Negritas mías)
.
De ser cierto lo que escribe Pérez Royo,
ese hecho me parecería gravísimo tanto para la Corona como para el PSOE.
Para la primera, porque mostraría una
situación tambaleante de esa institución, que habría buscado un golpe de fuerza
desesperado para su continuidad, aun a costa de haber tomado partido por una determinada
opción política, enfrentándose así a millones de ciudadanos.
Diga lo que diga Rajo de boquilla, él
no es el presidente de Gobierno de todos los españoles, ni mucho menos; pero en
política puede gobernar el menos votado sin menoscabo de su legalidad. Todo lo
contrario ocurre con la Jefatura del Estado cuando la institución está encabezada
por un Rey no elegible. Digamos que el sintagma adjetival “Rey de todos los
españoles”, no puede utilizarse eternamente como una concesión retórica. Resultaría
insoportable observar continuamente el gesto airado del monarca ante la
desafección ciudadana cuando se viera obligado a mostrarse en público en
algunas CC.AA. debido a algún evento cívico o deportivo.
No muy distinta de la actitud del Monarca
resulta la del PSOE; es decir, la coincidencia radica en la continuidad en las formas de poder político, que
obviamente conlleva una forma de vida, lo que los anglosajones llaman un make a living.
El PSOE, a pesar de haber perdido casi
un millar de concejales respecto a 2011 y haber obtenido el peor resultado de
su historia en unas municipales, fue el principal beneficiado. Los diferentes
pactos les adjudicaron 336 alcaldías más que cuatro años antes y la población
regida por sus siglas pasó de 10 a 17.5 millones.
Logró, así, a pesar de la pérdida de
votos gobernar siete comunidades autónomas, 2.800 ayuntamientos y 18 diputaciones;
consiguiendo de esta forma un poder institucional de los
más importantes que ha tenido en toda la etapa democrática, aunque en la
mayoría de los casos haya sido a través de pactos.
Mientras
que el PP obtuvo el 50% de sus Ayuntamientos en Castilla Y León –curiosamente
Ciudadanos obtuvo en esa comunidad los dos tercios de ayuntamientos-, la
población gobernada por los socialistas supera el 50% en Andalucía,
Extremadura, Castilla La Mancha, Asturias, Baleares y la Comunidad Valenciana.
Las tres primeras de las comunidades mencionadas
más arriba son las que más subsidios reciben: 79.642 millones de euros de
los fondos comunitarios a las regiones deprimidas y un monto similar de las
transferencias del Estado, según datos de 2015.
Quizá uno de las consideraciones más acertadas de
la Escuela de Chicago sea la que postula
que las economías subsidiadas nunca logran levantar cabeza. Así por ejemplo la deseada
convergencia de Andalucía con el resto de España no solo no se ha conseguido,
sino que aparece claramente estancada. El diferencial del PIB per cápita frente
a la media española es casi el mismo que en 1980. En aquel año, el PIB per
cápita relativo a España (100%) era del 73.1%, y en 2014, del
74.1%); todo ello pese a los fondos recibidos de la UE. (79.642 millones de
euros de los fondos comunitarios a las regiones deprimidas y un monto similar
de las transferencias del Estado, según datos de 2015).
Pero más
grave para la UE es la estructura del empleo en Andalucía, no solo por lo preocupante
de sus cifras actuales, sino por la tendencia al estancamiento o incluso a
empeorar. El diferencial del desempleo respecto al nacional ha ido
creciendo con el tiempo, a pesar de la creación del PER en 1984, desde 6,07
puntos en 1980 hasta 9,34, treinta años después; un 62 por ciento
de jóvenes en paro (cifras de 2015). Un PER que debido a la sequía actual se ha
rebajado de 35 peonadas (jornadas) a 20; e incluso se está pidiendo una nueva
rebaja. En la Unión Europea se hacen cruces cuando se les dice que alguien
puede subsistir con solo 20 días de trabajo al año.
Quizá una
de las consecuencias de la subsidiación sea que a pesar de la tremenda tasa de
paro, la procura existencial que supone el PER haga que solo el 2,7% de los
andaluces se mudaran de municipio en 2015.
Cuando en 2012, el presidente de la Generalitat
Artur Mas visitó La Moncloa para pedir a Rajoy una equiparación fiscal similar a
la del cupo vasco, Rajoy que gozaba de
mayoría absoluta se mostró tan desdeñoso como el provinciano que sabe llevar
buenas cartas en una partida en en el casino de Pontevedra.
Lo que por el contrario hizo Rajoy este año, con el
fin de conseguir el apoyo de los nacionalistas vascos a la aprobación de los
presupuestos de 2017, fue hacer una generosa rebaja a la ya reducida aportación
que Euskadi y Navarra hacen al Estado español. Un agravio comparativo más para
los catalanes y para el resto de los españoles.
En suma, y volviendo al origen de este post, resulta patente que los poderes
del Estado se mueven más por interés propios que por el supuesto bien del país;
y que en esa defensa se produzca la confabulación de interés que sufrimos.
En el primer caso, por salvaguarda la institución
monárquica, y en el segundo, dados los datos de los párrafos anteriores, para
mantener a esas
amplias
clientelas.
No
resulta así extraño que el antiguo partido de izquierdas haya olvidado sus
principios fundacionales y se mueva simplemente por motivos electorales. Solo
de vez en cuando su SG lanza algún brindis al sol y dice que a cambio de apoyar
el encubierto estado de excepción en Cataluña, ha pedido la reforma de la
Constitución; todo ello a sabiendas de que Rajoy no tiene el menor interés en
cambiarla…y el PSOE de Pedro Sánchez, tampoco.
Parece
que ha desaparecido para siempre el homme
d’État.
En la
Transición, aturdidos los franquistas por el clamor ciudadano, hubo que
improvisar dirigentes políticos. Al Gobierno de UCD accedieron altos cargos de
la Administración. Posteriormente, con el Gobierno del PSOE, llegaron de la
Universidad o de los escasos militantes que habían trabajado en la
clandestinidad durante el último franquismo.
A
partir de ahí, los partidos dominantes descubrieron que tenían que tenían que formar
criaderos de políticos: “las juventudes”, algo similar a lo que hacen los
grandes equipos de fútbol con sus alevines.
Ingresan
así en los partidos gentes que no tienen oficio ni beneficio y se buscan el
mencionado make a living en la política,
teniendo que competir entre ellos y aprendiendo ya desde el principio los
juegos sucios de este: las zancadillas, la adulación, la confabulación, la
colusión y las traiciones al ideario y a los principios fundamentales de
partidos centenarios.