El
régimen impuesto y aprobado in extremis por los ciudadanos en 1978 no da más de
sí. Las instituciones fallan a ojos vista.
El
Gobierno lo compone una banda de
individuos desacreditados, con una valoración ciudadana que roza el cero
patatero, con ministros repudiados en el Congreso, y cuyo partido bate el reto histórico de imputados por todo
tipo de delitos.
La
Justicia tiene una valoración mínima: Una Audiencia Nacional, un tribunal de
excepción creado para combatir el terrorismo, que acabada ETA se mantiene para
la represión de políticos, y que cada vez se asemeja más al siniestro T.O.P
franquista.
El
Tribunal Supremo, obsequioso con el Poder político, parece perseguir los mismos fines interesados
que le dicta un Gobierno que maneja a los jueces con el repugnante criterio el
“·palo y la zanahoria”, un criterio en el que fue maestro aquel siniestro
ministro del PP, aquel “juntacadáveres”, repudiado por el Consejo de Estado.
En
efecto, el Ejecutivo de Mariano Rajoy (muy probablemente el “M. Rajoy” de los
papeles de Bárcenas acreditados por los jueces) nombra, cambia y asciende a los
jueces a su conveniencia. El problema no está tanto en los jueces que obtienen
esos beneficios, como en el resto de los miembros de la judicatura que callan
el estropicio.
No
hablemos del Tribunal Constitucional, hasta hace poco presidido ilegítimamente
por un afiliado del PP, que ocultó esa condición. Un Tribunal que espera
recibir las órdenes de Rajoy o de la abdicada
virreina de Catalunya.
Un
Tribunal que tiene que “lidiar” con una propuesta de
anticonstitucionalidad por la
prohibición de las torturas taurinas en Catalunya lanzada por la madrina de los
mayores saqueadores que haya tenido la Comunidad madrileña; que aparecen como
asiduos espectadores de barrera en las corridas andaluzas.
Un
Tribunal que tarda pocas horas en reunirse a una llamada urgente de la Moncloa,
pero que dice, cínicamente, no tener prisa por resolver las demandas de los
presos políticos catalanes.
El
23 de julio de 1969, Juan Carlos I aceptaba oficialmente el ofrecimiento
sucesorio de Franco, jurando ante las Cortes fidelidad a Franco y a los
principios del Movimiento Nacional:
“…. Recibo de su Excelencia, el Jefe del
Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida del 18 de julio
de 1936… pertenezco por línea directa a la Casa real española y en mi familia,
por designios de la Providencia, se han unido las dos ramas”
Es
decir, la única legitimidad de los Borbones es la franquista.
Franco
gobernó por la gracia de Dios y los Borbones reinan por la gracia de Franco, la
de aquel sátrapa.
Hemos de reconocer que a la muerte del
dictador, el horno no estaba para bollos, sino más bien para hostias, pero los
padres de la Constitución pudieron haber dejado abierta alguna ventana sobre la
posibilidad de que el pueblo pudiera decidir en el futuro la forma del Estado.
Está claro que la mayoría de catalanes,
vascos y navarros no aceptan al Rey de España; que solo aparece por esas
nacionalidades cuando no tiene más remedio, para rechifla general. En cuanto al
resto del país, no sabemos, porque hace años que el INE evita preguntar por su
índice de aceptación.
Creemos que si solo puede ser el Rey de
Castilla y no el de todos los españoles, debería abdicar, como hicieron su
bisabuelo, su abuelo y su padre y dejar paso a un ciudadano democráticamente
elegido como Jefe del Estado.
Como
comentaba John Carlin, corresponsal del NYT, en su discurso a la nación tras el
1-O, Felipe VI se mostró altanero, amenazante y despreciativo hacia los millones
de votantes en el referéndum, sin ninguna mención a los heridos en ese día.
Para Carlin, ese discurso supuso “diez puntos más para los independentistas”.
Sr. Borbón, conviértase en otro
“héroe de la retirada” y ahorre al Estado los
561.6554.350 euros, que es el coste de la Monarquía, según pormenorizaba
hace unos años “Eco Repúblicano”. http://www.ecorepublicano.es/2013/11/561654350-euros-coste-real-de-la.html.
JGM
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